o La Ley 2/2012 de Autoridad del profesorado, reconoce al mismo la categoría de “autoridad pública” para los miembros del equipo docente, así como su presunción de veracidad. Esta ley aborda también la adopción de sanciones y medidas cautelares, y la necesidad de reparación en casos de daños al centro, desperfectos, destrozos, etc.